La mayoría de los organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, condenaron la actuación de los carabineros chilenos en el llamado estallido social, que comenzó el 18 de octubre de 2019 y se prolongó por cinco meses. Luego, irrumpió la pandemia, y la condena a la violación de los derechos humanos, quedó en el olvido. Hubo decenas de muertos y 2.009 heridos, 197 con trauma ocular severo y dos personas completamente ciegas.

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La Defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, denunció que el gobierno de facto viola los derechos humanos, es incapaz de atender las demandas de salud, educación, trabajo, y la lucha contra la violencia durante la pandemia. Pidió a la Asamblea Legislativa que considere procesos de fiscalización a la Fiscalía General y Contraloría del Estado por no investigar los hechos de corrupción registrados durante el gobierno de facto. Entrevista realizada por la periodista Gabriela Alcón, para Te lo dije.

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Un centenar de líderes sociales o defensores de los Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia en 2020, matanza que no se ha frenado por la pandemia del Covid-19. A ellas hay que sumar al menos 24 antiguos integrantes de la extinta guerrilla de las FARC que formaron parte del proceso de paz. Desde el inicio de los contagios por Covid-19 han muerto 32 líderes sociales, 19 de ellos desde que se impusieron medidas de confinamiento en todo el país el pasado 23 de marzo.

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La Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció violaciones humanitarias en Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Brasil y Venezuela, en su informe al Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza.
Bachelet aseguró que en "Chile y Ecuador" existe "una necesidad de garantizar que se fijen responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante las protestas".
Sobre Colombia, Bachelet expresó su preocupación por el uso del Ejército para contestar las protestas sociales, o la ... continua

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Aun cuando hay acuerdo entre el gobierno golpista y la bancada del Movimiento al Socialismo para llamar a elecciones en 120 días, Bolivia no logra normalizarse. Persisten las movilizaciones, la escasez y el desabastecimiento, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe denuncias y más denuncias de las atrocidades cometidas por los golpistas.

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